Después de varios años hablando de cambios, pero sin ejecución, la nueva Ley de Vitivinicultura abre la puerta a la revisión del modelo de Denominación y del Consejo Regulador

Se abre el melón
por A. Gil

EL borrador de la nueva Ley de Vitivinicultura, que sustituirá una norma de los años 30 y, sin revisar desde 1970, clasifica los vinos por categorías (la mayoría de ellos ya existentes, pero sin una regulación única) y modifica la naturaleza y funciones de los consejos reguladores.

La norma pone el dedo en la llaga y abre la puerta a la revisión del modelo de la que se habla desde hace años con escasísimos o nulos avances. Hoy, el vino es de Rioja o es de mesa, pero la nueva ley regulará los mínimos para una serie de categorías intermedias que el sector debe decidir si sirven también para Rioja o las cosas siguen como están. El sistema es voluntario (es decir, no habrá más complicación si el sector no lo quiere), pero se recogen fórmulas para la salida de excedentes o las producciones de menor calidad que han dañado la imagen de Rioja en los últimos años. Las diferencias en el sector son notables y, en muchos casos, se huye de las complicaciones.

A nadie le gusta al completo la pirámide ni las condiciones mínimas marcadas, por lo que el sector del Rioja al completo pide más concreción. Casi todos rechazan también los nuevos vinos de calidad con indicación geográfica, aunque Provir apunta la posibilidad de dar salida a los excedentes y las producciones de calidad más baja con otro nombre distinto al Rioja, pero casi con todos los derechos de una denominación de origen.

El debate está servido también en cuanto a los consejos reguladores. Casi todos los operadores están de acuerdo con la separación de funciones, aunque la mayoría piensa que convendría hacerlo dentro de un mismo órgano, como hasta ahora. El rechazo a que una empresa privada se encargue del control (posibilidad que abre la nueva Ley) es unánime, pero la segunda opción de que un organismo público sea quien controle, de forma separada y en un órgano diferente al que ocuparían los operadores para gestionar la Denominación, no es tan lejana en el fondo a la demanda de la mayoría riojana.

La separación facilita que el órgano de gestión, formado por criterios económicos, se convierta en la interprofesional, foro adecuado para alcanzar un acuerdo de estabilidad. La nueva ley llega y el melón está abierto.

La polémica: Ley básica

Rioja, y el propio Ministerio, quieren que la ley sea básica. Es decir, que los mínimos afecten a todos y no sólo a las tres zonas donde Madrid tiene competencia por haber más de una comunidad autónoma implicada (Rioja, Cava y Jumilla). La respuesta del Gobierno de Navarra es clara en ese sentido al no mostrarse dispuesta a ceder en sus competencias. El País Vasco, que además de Rioja, cuenta con denominación propia de Chacolí, tampoco lo tiene muy claro. La futura ley afectará a los consejos reguladores y la conveniencia de que sea básica tiene mucho que ver con que no haya instituciones rectoras de las denominaciones de origen de distinto carácter y con funciones diferentes.

Sigue--->